De todos es conocida esa expresión que define un comportamiento leal, generoso, sincero y correcto hacia el contrincante “oponente”.
Por eso, voy a explicar el título de este comentario: “cuando se ignora el fair play”.
Desde que yo recuerdo, el Colegio de Abogados siguió un criterio en materia de financiación de las elecciones a miembros de la Junta: se destinaba una pequeña suma igual para todas las candidaturas, hablo de unos 400 euros más o menos, con la cual cada una de ellas hacía frente a unos mínimos gastos de impresión de su programa electoral; huelga decir que si alguien deseaba gastarse más, lo hacía de su propio bolsillo. Por otra parte, y ello era lo más importante, el Colegio se encargaba de enviar a todos los colegiados las cartas conteniendo el programa o carta de presentación de cada candidatura, por separado.
Este sistema implicaba concurrir a las elecciones en condiciones de absoluta igualdad desde el punto de vista del Colegio, sobre todo para aquellos candidatos que contaran con menos medios, ya que todos podían, compitiendo justamente, exponer su proyecto a los demás compañeros individualmente y con las mismas armas.
Hay quien dice, que además de lo anterior, en las pasadas elecciones alguna candidatura se gastó en torno a los 9.000 euros en su campaña. Lógicamente el Colegio de ningún modo subvencionó tal derroche. Puede que, como yo, te preguntes en qué pudieron gastarse tanto dinero; pues al parecer en la contratación de un publicista para que diseñara el marketing de la campaña, también en entrevistas pagadas a la prensa, en la edición de lujosos programas que enviaron a todos los compañeros, e incluso en la organización de un “vino español” en algunos partidos judiciales.
Esto es lo que se dice. Y todo para dirigir nuestra voluntad y nuestro voto.
Pues bien, para las elecciones de este año, la Junta de Gobierno, que se presenta a la reelección –con excepción de dos miembros- ha cambiado el criterio de financiación de las candidaturas en un doble sentido:
Primero, no se subvenciona la imprenta ni tan siquiera con los 300 ó 400 euros, ni el Colegio enviara los programas de las candidaturas individualizados. Se mandará a cada colegiado un único sobre conteniendo en un “totum revolutum” todas las papeletas de todas las candidaturas junto con las cinco cartas de presentación (una por candidatura) que deben ser todas iguales en una hoja DA4 por las dos caras como máximo. Esto no se había hecho nunca.
Y nos dirán que es por ecología, pero yo, que soy mal pensada, digo que no hace falta tener un Máster en publicidad para darse cuenta de que, ante tal uniformidad y confusión, nadie leerá nada e ira todo el sobre a parar a la papelera.
La segunda novedad, consiste en que la Junta ha aprobado un presupuesto para las elecciones 2011 de 13.000 euros, que se distribuirán a razón de 1.000 euros (previa justificación) a cada candidato electo, es decir, sólo a los ganadores. Esto jamás se había hecho.
Ahora, la candidatura que tenga mayor poder o mayores respaldos económicos hará su despliegue de medios para destacar del resto.
Si a esto unimos las previsiones de triunfo que proclama la candidatura que preside nuestro actual Decano –véase el comunicado a Europa Press emitido por el Sr. Valdés Joglar el día 24 de mayo: “creo que ganaremos”, o el reportaje de la misma candidatura publicado en El Comercio el día 27 de mayo: “somos una candidatura de apoyo masivo” (ambos colgados en la página del Colegio)- la conclusión a la que llego, y es solo mi opinión personal, es que han establecido este novedoso criterio de “justicia distributiva” en previsión de ser elegidos y recuperar para sí una cifra tan obscena; (se me ocurren miles de cosas en las que emplear con mejor destino nuestros 13.000 euros).
Es decir, y en definitiva, que les pagaremos la campaña para que nos convenzan de lo buenos que son.
Raquel González Suárez, candidata a Diputada 4ª
